Con la charla la “Ley del Servicio Civil: Avances en cuanto a su Implementación e Implicancias” se desarrolló el pasado 8 de noviembre ante 191 participantes de Lima, una nueva jornada del Programa Martes Democrático de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República.
La conferencia, que es transmitida en simultáneo en Arequipa, Ica, Piura, Puno y Tacna, estuvo a cargo de Edgardo Sergio Balbín Torres, profesor universitario especialista en derecho laboral, quien actualmente se desempeña como Director Nacional de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Durante su exposición, Balbín Torres hizo un resumen cronológico de las leyes que regulan la relación laboral en la administración pública, como los Decretos Legislativos (DL): 11377, DL. 276, DL.728, DL.30057, de carácter general, que posteriormente se utilizaron para elaborar leyes de determinados regímenes especiales.
Indicó que todos los esfuerzos por darle a la administración pública una ley que genere un servicio de calidad y una carrera pública basada en la meritocracia fueron truncos, porque encontraron diversas trabas de carácter económico y político.
Explicó que con el régimen laboral 276 se sustituyó la ley 11377, que duró hasta el año 1990, luego se promulgó la norma legal del régimen laboral 728 y finalmente se estableció la ley de Servicio Civil, que es cuestionada porque limita y recorta el derecho de participación a los trabajadoras.
Asimismo, manifestó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional varios artículos del Decreto Legislativo. 30057 y derogó aquellos que prohibían la negociación colectiva, porque restringe el derecho de participación de los trabajadores y que es mejor que el Estado y los trabajadores, en forma consensuada, participen en los procesos de implementación de la ley.
Igualmente, señaló que la implementación de la ley depende de la voluntad política de los sucesivos gobiernos, porque de ellos depende que se cumplan los plazos que establece la ley, que existe un 40% de instituciones que están involucradas en su implementación y que de estas, solo el 20% se encuentran en la primera etapa de un proceso que tiene cuatro etapas.
Por último, manifestó que toda sociedad que quiera ser democrática debe tener un mecanismo de diálogo para llegar a acuerdos que sean viables y ejecutables por la propia sociedad, y que se necesita una ley para la carrera pública donde se privilegie la meritocracia y la participación efectiva de los trabajadores.